El llamado “modelo K” comienza a mostrar su lado mas dramático. La inflación y los tarifazos que devoran el poder adquisitivo, la pérdida de empleos, la precarización del trabajo, los 14 millones de pobres y los 4 millones de indigentes, el mantenimiento de la injusta distribución del ingreso y la desigualdad tras seis años de crecimiento, y la epidemia del dengue, son apenas algunos reflejos de una política económica y social y un modo de gobernar ajeno a la gente y sus necesidades, y que no resuelve los problemas de fondo de nuestro país.
Los fuertes síntomas de recesión producto de los tremendos errores de política económica de los últimos años, a los que se suma el autoritarismo político del gobierno, generan un clima de intranquilidad en la sociedad. El “disciplinamiento” financiero de gobernadores, intendentes, empresarios y sindicalistas o las amenazas directas o indirectas que vive la prensa libre o dirigentes sociales cuando se muestran realidades que “contradicen” el relato oficial, son muestras acabadas del las políticas profundamente autoritarias , que no son sólo un “estilo”, sino un forma y una práctica cotidiana de ejercicio del poder del gobierno.
Por otro lado, la situación de seguridad es muy grave, y es una de las principales preocupaciones de la población. La inseguridad y la violencia generalizadas son el resultado de múltiples factores, entre ellos, un sistema que excluye y margina a más del 30% de la población, la impunidad para quienes delinquen y la complicidad de parte de la política con el narcotráfico. Por ello, la población se siente indefensa y suele buscar alternativas rápidas (o “efectistas”) para resolver este problema creciente que amenaza con salirse del control. Nosotros proponemos soluciones de fondo y un abordaje integral.
Ante este panorama de freno económico, crisis política y violencia social y criminal, el Gobierno sólo se ocupa en atender sus necesidades electorales y redobla su discurso violento, amenazador y descalificante como única solución ante la crisis.
El Acuerdo Cívico y Social significa la consolidación de un nuevo espacio político de oposición al actual modelo y que propone un verdadero control legislativo a la actual administración. Pero a su vez pretendemos ser una alternativa de gobierno, y por eso trabajamos en la elaboración de propuestas para superar la actual crisis y la posibilidad real de gobernar el país en el 2011.
1) Política económica: “Movilizar la producción y defender el empleo”
Aliento a las PYMES. Rebaja transitoria en los aportes patronales para sostener el empleo.
Eliminación de las retenciones a la carne, lácteos, maíz, trigo y economías regionales (frutas, té, yerba, etc).. Disminución de las retenciones a la soja y al girasol. Facilidades crediticias para la recomposición del capital de trabajo.
Recuperación del INDEC, la ONCCA y el BCRA: Reconstitución de la independencia y credibilidad de las instituciones y de las estadísticas oficiales como base para una política de combate a la inflación y superación de la crisis.
Reforma impositiva: Reducción del IVA, coparticipación plena el impuesto al cheque, y gravar la renta financiera, que hoy en día no paga impuestos.
Liberar el crédito para financiamiento del sector privado. Reestructuración de vencimientos de deuda pública 2009-2011 con apoyo internacional para evitar que el Estado absorba la totalidad del crédito local..
Aliento a los Microcréditos y simplificación del monotributo social: hacer atractiva la formalización para los excluídos.
2) Política social: “Inclusión y ciudadanía para todos, y mejorar la distribución del ingreso”
Ingreso Ciudadano a la Niñez (INCINI): Ingreso mensual por cada niño o niña de $200 mensuales ajustables por la canasta básica alimentaria y al salario mínimo vital y móvil, que será cobrado y administrado por las madres. Para tener derecho a percibirlo, se deberá mantener a los niños en la escuela y en el sistema de salud, presentando certificados de escolaridad y de revisaciones médicas periódicas. Durante la transición al INCINI, no se dará de baja ningún programa social, ni nadie perderá sus derechos adquiridos.
Ingreso Ciudadano para los Adultos Mayores (INCIMA): Ingreso Ciudadano Universal para todos los mayores de 65 años sin necesidad de acreditar aportes. Implica una reforma integral del sistema previsional y busca la cobertura del 100% de la población de adultos mayores para esa jubilación básica. Los aportantes al sistema, según su historia laboral, tendrán diferentes prestaciones jubilatorias adicionales al INCIMA.
Seguro de Capacitación y Empleo: Proponemos la reforma y ampliación de estos programas, para llegar a tener un Seguro de Capacitación y Empleo amplio que cubra las situaciones de desocupación, orientado a lograr la reinserción laboral y con fuerte foco en la capacitación:
Programas Especiales para grupos en situación de vulnerabilidad: Impulsaremos programas especiales, complementarios a las políticas universales, en cuestiones como erradicer el hambre, brindar seguridad alimentaria para los sectores más postergados, contención e inclusión de “chicos de la calle”, asistencia y tratamiento de adicciones, trata de personas y violencia de género, entre otros programas.
Infraestructura para la Inclusión: Contemplaremos en el presupuesto partidas las inversiones necesarias para una mayor distribución del ingreso y la inclusión social, como el acceso a la vivienda, al agua potable y cloacas. Asimismo se asignarán recursos para infraestructura edilicia, para salud y para espacios públicos, eliminando los condicionantes extremos de la pobreza.
3) Política contra la violencia y el delito: “Trabajemos por la Paz”
Terminar con la complicidad y los negocios entre la policía, la política y el delito.
Reforma de la ley de enjuiciamiento federal. Modificaremos la ley de procedimientos penales, para que los juicios sean rápidos, para que las víctimas puedan encontrar una tutela eficaz, para que la investigación preliminar quede a cargo de los fiscales y se eliminen las trabas que hoy impiden llegar prontamente a la etapa del juicio oral.
Reforma Institucional y modernización de la Policía, Servicios Penitenciarios y la situación en las cárceles. Volver a la "policía de la esquina" para la cobertura de los barrios y pueblos con baja o nula rotación. Por el contrario, los efectivos que investigan los crímenes complejos deben ser rotados para evitar la corrupción.
Régimen Especial de Responsabilidad Penal Juvenil, para aquellos menores que cometen delitos se les asegurará el debido proceso lllegal y se los hará responsables, con penas que tengan en cuenta su falta de madurez, eliminando así la arbitrariedad del sistema actual. El régimen contemplará tribunales, defensores, e institutos especializados diferentes de los de adultos.
Lucha contra el narcotráfico. Radarización del espacio aéreo y control de precursores químicos, sumado a una fuerte tarea de prevención y tratamiento de adicciones.
4) Recuperemos la República
Lucha contra la corrupción y por la transparencia en la gestión pública: impulso de leyes anticorrupción (ejemplo: publicidad de la DDJJ, régimen de protección a denunciantes, etc.) y mecanismos de monitoreo para su estricto cumplimiento. Fortalecimiento de los organismos de Control y de persecución de la corrupción estatal, como la Audotoría General de la Nación y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Recuperación de el dinero que el Estado perdió por hechos de corrupción, promoviendo acciones judiciales contra quienes se quedaron indebidamente con ese dinero.
Derogación de los super-poderes: Derogación de superpoderes, y estricto examen y control de las que puedan llegar a quedar en pie. En particular derogar el art. 37 de la ley de Administración Financiera recuperando control y ejecución de partidas presupuestarias. Modificar la ley 26122 (regulatorio del control legislativo de los DNU) a efectos de que sean ambas cámaras las que deban convalidar los DNU.
Cobertura urgente de vacantes en la Justicia: Se proponen dos modificaciones básicas: establecer cada dos años un concurso para todos los cargos en los distintos fueros a efectos de conformar una lista permanente de candidatos y solicitar la fijación de un plazo razonable para que el Poder Ejecutivo y el Senado se expida.
Ley de Acceso a la Información Pública: Sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública que explicite que el principio es la publicidad y la transparencia de los actos de Gobierno y el secreto su excepción, y que comprenda a todos los órganos del Estado y entidades no estatales de derecho público, incluyendo los fideicomisos, las empresas prestatarias de servicios públicos y todos aquellos que reciban dinero público.
Reforma del Consejo de la Magistratura: Se impulsará la reforma de la actual composición proponiendo un Consejo que haya equilibrio entre los distintos sectores que lo componen, y eliminando el poder de veto que actualmente posee en el Consejo el Poder Ejecutivo.
Reforma electoral y boleta única: Eliminación del sistema de boletas múltiples y sustitución por el de boleta única. Designación de docentes y empleados judiciales como autoridades de mesa, y transferencia de responsabilidades del ámbito del Ministerio del Interior a la Justicia Nacional Electoral.
Regulación de la Publicidad Oficial. Regular la distribución de publicidad oficial de forma transparente y en base a criterios objetivos, tales como cobertura geográfica, niveles de audiencia, tiraje,etc.
5) Educación y Salud accesible y de calidad, para todos
Cumplimiento de las leyes educativas vigentes para avanzar hacia la ampliación de la oferta de doble escolaridad en todo el país, incorporando actividades deportivas, culturales, talleres de artes y oficios.
Infraestructura escolar: Destinar un 40% de las partidas de obras públicas totales para renovar la infraestructura escolar inicial, primaria y media.
Ampliar la oferta de jardines maternales (de 90 días a 3 años) y pre-escolares (3 a 5 años). Recuperación de escuelas y material pedagógico.
Nuevos contenidos curriculares y capacitación del docente en servicio.
Plan de prevención sanitaria: recuperar la libreta sanitaria y odontológica en las escuelas. Seguimiento individual de los niños y servicios de salud en las escuelas.
Descentralización hospitalaria: construcción de centros de atención primaria dependientes de hospitales centrales. Plan de visitas domiciliarias.
Recuperar la figura de médico clínico que gestiona inicialmente la salud de sus pacientes (independientemente del régimen de cobertura de salud que disponga).
6) Otras iniciativas de valor:
Expansión del transporte público (“Primero el transporte público”): reforma del actual sistema de subsidio a empresas de transporte. Ampliación de la oferta (mejor equipamiento y mayor calidad).
Infraestructura para la vida: Construcción de 1000 kms de nuevas autopistas para el 2011, entre ellas Rosario-Córdoba; Bs.As. – Carlos Casares; Ruta 12; Ruta 6 y Circunvalación del Buen Ayre.
Recomponer relaciones con el Mundo: Alianza estratégica y complementaria con Brasil y China. Recomponer prioritariamente los lazos con Uruguay y el Mercosur. Acuerdos bilaterales para reforzar comercio. Fomentar lazos con Asia.
Medio ambiente,desarrollo sustentable y energías renovables: Cuencas Riachuelo-Reconquista y otros afluentes al Río de la Plata. Ley de Bosques, Glaciares y minería sin control ambiental. Cambio en la matriz energética aumentando fuentes de energía renovable.
Buenos Aires, 25 de mayo 2009.
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